Un presidente autonómico se vio atacado recientemente por la oposición por gastar una barbaridad de dinero en un coche de lujo. Ante las críticas, decidió devolver el coche inmediatamente y pedir disculpas. Por poco no se produjeron dimisiones. Además, dio una rueda de prensa en la que dijo que comprendía que a los políticos les pueden parecer normal cosas que los ciudadanos no entienden.»Creo que todo esto no se puede despachar sin otorgarle la máxima importancia. Hay que aceptar primero que los ciudadanos no entienden determinadas cosas».
En efecto, lo normal para un alto cargo no tiene por qué ser entendido por el ciudadano de a pie de un país donde el sueldo medio son 21.000 euros brutos
Tras el escándalo, Fernández Vara pidió al Parlamento regional (extremeño) que ponga por escrito un código de buenas prácticas que defina «lo que tenemos que gastar los políticos, los coches que tenemos que tener, a qué hoteles podemos ir, qué gastos protocolarios podemos hacer, qué compatibilidad hay entre cobrar sueldos y otros tipos de ingresos«.
Si el Gobierno central siguiera los mismos criterios de gasto que la Xunta, sólo tendría presupuesto para 91 coches. El Parque Móvil del Estado, que da servicio al Gobierno y a altas personalidades en Madrid, lo componen 1.098 vehículos, en su mayoría coches (no cuentan los de las fuerzas y cuerpos de seguridad).A estos coches hay que sumarles 509 más de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
El contribuyente puede acabar con la sensación de que en España si te dan un cargo vives el lujo gratis. El ex presidente balear Jaume Matas decidió que, para decorar su despacho, necesitaba un cuadro de 20 millones de pesetas del artista italiano Mimmo Paladino. Se lo compró en Arco. Cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo decidió remozar el piso del Estado en el que iba a vivir en Madrid, quizá no reparó en que la obra salió por más de 200.000 euros hasta que lo vio en los periódicos.
Son las cifras a las que está acostumbrada la Administración, pero que, como dice Fernández Vara, al ciudadano no tienen por qué parecerle normales. Quede claro que en todo lo aquí descrito no hay ninguna ilegalidad. Es una cuestión de prioridades. Los contribuyentes ponen el dinero, los políticos deciden las prioridades de gasto.
El verdadero despilfarro está en miles y miles de contratos «menores», sin concurso y totalmente opacos para el ciudadano amparados en la ley. La contratación pública es el 16% del PIB, recuerda Gimeno. El mal uso de ese dinero tiene consecuencias directas sobre la economía española.
Se refiere a que, para agilizar la Administración, hay un límite de 50.000 euros para obras y de 18.000 euros para cualquier otra cosa, por debajo del cual no hace falta concurso público. Es decir, se presenta la factura sin justificación, sin explicaciones, sin concurso y sin información pública. Eso es calderilla para un ministerio, y efectivamente es lo que le permite funcionar en el día a día. Pero un Ayuntamiento, con esos mismos límites, puede contratar todo a dedo sin dar explicaciones a nadie.
Esto genera «como poco, ineficiencia», dice Gimeno, ya que al no haber competencia el precio tenderá a ser más caro. «Pedir tres ofertas por e-mail no cuesta nada», insiste. La contratación a dedo «nos hace ineficientes, y el siguiente paso a la ineficiencia es la corrupción».
Además, cuanto más pequeña es la Administración, más difícil es que los controles funcionen. Un interventor de una ciudad de más de 500.000 habitantes, que no quiere dar su nombre, explica que en un Ayuntamiento si te opones a un gasto «tienes al alcalde en el despacho de al lado». «Si pones objeciones a los gastos de personal, tienes a los sindicatos en la puerta». Además, «es un puesto designado a dedo, igual que se pone se quita».
Tras la discrecionalidad de los políticos y las trampas para evitar los controles, hay un último problema, la falta de información. No hay una cultura de fiscalización ciudadana de lo que hacen los políticos. En un ayuntamiento, por ejemplo, la oposición tiene todo tipo de dificultades para acceder a la información de los gastos más comprometidos. Se puede acabar un mandato sin que lleguen a ver nunca los papeles.
El Gobierno vasco (ahora en funciones) se ha hartado de contestar preguntas parlamentarias sobre los viajes de Juan José Ibarretxe y sus consejeros, como el que el presidente vasco hizo con una comitiva de 16 personas cinco días a EE UU.
Pero por lo menos el Gobierno vasco envió una detalladísima información al Parlamento sobre el viaje. Un senador del PP, Agustín Almodóbar, preguntó en noviembre cuánto había costado la participación de España en la cumbre del G-20 y cuántas personas fueron al viaje. El Ministerio de Exteriores le contestó por escrito lo siguiente: «La delegación española contó con los responsables de las áreas involucradas y con el apoyo de profesionales. (…) En cuanto a la dotación económica, es la habitual para este tipo de encuentros«.
Ya que el ciudadano es el que paga la factura, no estaría de más verla antes de la campaña electoral.
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